|
Las tribus
amazónicas luchan por mantener vivo al río Xingu
Glenn Switkes
Durante cinco días este mayo, cientos de grupos tribales de
los sitios más remotos de la cuenca amazónica se reunieron a protestar contra el
plan de construir grandes presas en el río Xingu, tributario más grande del
Amazonas.
Era como estar en las Naciones Unidas de los pueblos indígenas. Representantes
de Kayapó, Parakanã, Assurini y otros grupos indígenas llegaron luciendo la
pintura ceremonial de genipapo (negro) y urucum (rojo) con adornos
de plumas. Algunos viajaron distancias de hasta mil millas para asistir a la
reunión.
Los pueblos indígenas de la región vieron en esta reunión con los oficiales de
Altamira el momento crítico de presentar su posición respecto de los planes de
gobierno de inundar sus territorios y de describir la importancia de la red
fluvial del Xingu en su forma de vida.
El encuentro, cargado de emociones, estuvo lleno de momentos de gran fuerza.
Cada día, los grupos indígenas entraron y se fueron danzando y cantando.
Guerreros, armados con palos, arcos y flechas, realizaron rituales que rara vez
son vistos fuera de las ceremonias de sus comunidades.
Un jefe Kayapó le dijo a un abogado público federal, "Queremos que ustedes, en
tanto que autoridad de gobierno, le digan al presidente Lula que va a haber una
guerra mundial en la Amazonía si intentan construir estos diques."
Otro jefe Kayapó tomó a su hijo en brazos al tiempo que decía "Queremos proteger
el Xingu - por nuestros hijos y nietos." Mujeres Kayapó bañaron a sus recién
nacidos en las aguas del río Xingu, mientras decían a los espectadores de los
medios y del gobierno, "Por esto nos oponemos a los diques. Necesitamos agua
limpia para beber y para bañarnos. Necesitamos al río Xingu para tener vida."
Dos décadas más tarde, los moradores del Amazonas enfrentan una nueva
ofensiva
Las cristalinas aguas del río Xingu fluyen desde el centro de Brasil, a través
de planicies desmontadas para el cultivo de soya, al interior de la sabana
brasileña y, finalmente, se vacían en la majestuosidad del prístino bosque
tropical. El bosque se mantiene aún por ser territorio indígena y porque los
guerreros autóctonos han repelido a los invasores por siglos.
Más de 800 pueblos indígenas de 26 grupos étnicos y representantes de los
movimientos sociales de toda la cuenca se congregaron en el poblado amazónico de
Altamira para lo que fue la reunión más grande del Amazonas en cerca de 20 años.
La reunión marcó la continuidad de una oposición firme a los diques, luego del
ya histórico encuentro de Altamira, en 1989, entre los Kayapó y otros grupos
indígenas, ambientalistas y gobierno brasileño.
En ese otro encuentro, Tuira, una mujer guerrera Kayapó, pasó el filo de su
machete por la mejilla a José Muñiz Lopes, quien hoy es presidente de
Electrobrás , la compañía estatal de electricidad. Resultado de esa resistencia
indígena, el Banco Mundial canceló un préstamo al sector eléctrico brasileño,
retrasando los planes del gobierno con respecto a la presa del Amazonas por más
de una década.
Hoy, el gobierno brasileño presiona para que se continúen las presas en el
bosque tropical, incluyendo la gigantesca represa de Belo Monte. De ser
construida, la de Belo Monte sería la tercera presa más grande del mundo. Los
indígenas están de nuevo haciendo sonar la alarma y formando un frente unido
contra la contención del Xingu. A pesar de que el gobierno intenta mostrar Belo
Monte como la mejor de las alternativas respecto de los planes pasados para la
construcción de una serie de diques en el río, los representantes indígenas se
pronunciaron con firmeza en contra de cualquier intervención que afecte a la
fauna ribereña de la que ellos dependen para sobrevivir.
Belo Monte secaría, también, más de 100 kilómetros del "gran delta" del río
Xingu, dejando a sus comunidades sin peces, transporte o abasto de agua limpia.
Proveería a la vez de un criadero de insectos que facilitarían la propagación de
la malaria, la fiebre amarilla y otras enfermedades. Por lo menos 16.000
personas tendrían que ser reubicadas si los planes de la presa de Belo Monte
procediesen.
El gobierno brasileño lanzó recientemente un nuevo "inventario hidroeléctrico"
para el Xingu que sugiere que la presa de Belo Monte es viable por ser única, al
no requerir de diques adicionales río arriba. De basarse en esta valoración, el
estudio concluye que la construcción de Belo Monte eliminaría la necesidad de
anegar los territorios indígenas de río arriba.
Sin embargo, la corriente baja del río Xingu durante la seca hace que expertos y
moradores cuestionen la capacidad de la hidroeléctrica de Belo Monte sin que se
tenga que construir más diques río arriba para poder almacenar el agua y
reencauzarla hacia Belo Monte durante los períodos en que el agua baja. Río
arriba los diques inundarían miles de kilómetros cuadrados de bosque tropical,
incluyendo los territorios indígenas. Los pueblos indígenas reunidos en Altamira
claramente han puesto en duda la credibilidad de las afirmaciones del gobierno.
Los Kayapó aclararon que se opondrán a los planes de contención del río Xingu.
El momento más dramático y aterrador de la reunión fue cuando los Kayapó se
indignaron ante la defensa arrogante de las presas del Xingu por parte de un
oficial de Electrobrás; sus discursos simplistas, que afectan las necesidades de
la gente, resuenan en la Fundación Nacional Indígena, agencia que ha hecho poco
por resolver los problemas causados por los pasados proyectos de desarrollo y
que hoy se ve enlodada por la corrupción.
Su discurso propició la respuesta de enojo por parte de Tuira, quien blandió su
machete. La prensa brasileña utilizó la sangre del funcionario para salpicar
impresos y pantallas de Televisión en todo el país. Más tarde Tuira explicó,
"Estamos defendiendo los árboles, los pájaros y todo lo que vive en el río y en
los bosques. Vamos a continuar defendiéndolos y a llevar el mensaje a toda la
gente de Brasil."
La agresión generó una reacción de horror entre las 3.000 personas que
asistieron y el público brasileño. Pero las repercusiones habrían podido ir más
allá del revés propinado por los medios al agravar el tono de la ya frágil
relación entre el sector eléctrico brasileño y los innumerables grupos indígenas
que se verían afectados por los planes del gobierno de levantar diques sobre los
principales tributarios del Amazonas. Recientemente el director de planeación de
energía de Brasil Mauricio Tolmasquim, se quejó de que los planes
hidroeléctricos ya están sufriendo retrasos porque los pueblos indígenas no
permiten a los ingenieros entrar a las tierras para valorar la potencialidad de
los diques.
Después de la reunión de Altamira, era seguro que los conflictos en torno a los
diques del Amazonas se intensificaran. La política energética de largo alcance
de Brasil, contempla en las enormes presas la alternativa que de manera
aplastante incrementaría el abasto de energía en el país. La agencia Tolmasquim
aconseja que Brasil deberá construir una capacidad hidroeléctrica generadora de
100.000 megawatts (MW) adicionales para el año 2030, doblando a grandes rasgos
su actual capacidad instalada. El trazo de nuevas presas en la Amazonía
contempla proveer 80.000 MW de esa energía. La agencia calcula que dos tercios
del potencial hidroeléctrico restante del país se localiza en el Amazonas.
Lo que esto significa es que 60 a 70 enormes presas serían construidas en el
bosque tropical durante las próximas dos décadas en ríos como Xingu, Madeira,
Araguaia, Tocantins, Tapajón y Trombetas. En el estimado del gobierno, 40% de
estas presas interferirán con las reservas indígenas o áreas protegidas.
Pero dichos estimados se quedan cortos ya que sólo consideran las tierras que
serían inundadas por los diques. En realidad, casi todas las nuevas presas
presentan serias implicaciones para los pueblos indígenas de Amazonía. Las
proyecciones y la experiencia pasadas indican que los planes de contención
podrían diezmar la fauna ribereña, el producto básico de su dieta. Los
megaproyectos requerirían, también, de construir caminos hacia áreas antes
remotas, llevando a la deforestación y a un flujo mayor de miles de trabajadores
migrantes, en busca de empleo.
El calentamiento global y la energía barata
Todo esto incrementa la presión, de por sí intensa, sobre la flora y la fauna, y
crea incentivos para la formación de nuevos centros de desarrollo industrial.
Los servicios públicos en las ciudades y pueblos de la Amazonía se volverían
escasos en la medida en que nuevos inmigrantes aumentasen la demanda de
hospitales, agua y servicios de drenaje. Los bares, la prostitución y el uso de
las drogas se incrementarían. Este ha sido el patrón característico de los
megaproyectos como el del dique de Tucuruí o de la mina de hierro de Carajás.
Las presas hidroeléctricas del Amazonas emitirían también cantidades
significativas de gases de invernadero, principalmente metano, contribuyendo al
calentamiento global. Philip Fearnside, del Instituto Nacional de Brasil para la
investigación del Amazonas publicó un estudio que muestra que el efecto
invernadero de las emisiones del dique Curuá-Una, en Pará, Brasil, en 1990, era
más de 3,5 veces lo que habría debido producirse al generar la misma cantidad de
electricidad por petróleo. Estudios en otras presas tropicales muestran que la
emisión de gases de invernadero frecuentemente excede a la de plantas de gas
natural de ciclos combinados.
No obstante el impacto social y ecológico, hay signos claros de que el gobierno
intenta arremeter con sus planes de construcción de diques en la Amazonía, no
importa a qué precio. Los diques de Santo Antonio y Jirau, en el río Madeira,
obtuvieron licencia ecológica, a pesar de las objeciones de los expertos
técnicos en la agencia de protección ambiental Ibama. El dique de Marabá, en el
río Tocantins, actualmente en trámites de obtener licencia, requeriría de la
reubicación involuntaria de más de 40.000 personas –la expulsión más grande de
brasileños desde los días de la dictadura militar de 1970. Marabá inundaría a
los indígenas de la reserva de Gaviao y otro dique al que el gobierno ha dado
prioridad, el de Serra Quebrada, anegaría las tierras más fértiles del grupo
indígena del Apinajé.
Estos y otros proyectos pueden prever ser cuestionados en las cortes,
principalmente por los abogados del Ministerio Público Federal, un cruce entre
la oficina del Abogado General de Estados Unidos y los abogados del interés
público. Los abogados federales son una espina en el costado del sector
eléctrico, tanto que fueron criticados recientemente por un estudio del Banco
Mundial en relación a la problemática del licenciamiento de diques
hidroeléctricos del Amazonas, por ser demasiado autónomos, al detener proyectos
para los cuales el Banco aceleró sus trámites de aprobación.
El desplazamiento de comunidades enteras, la falta de consulta de los pueblos
indígenas y la destrucción ambiental en nombre del progreso, ocurren bajo un
gobierno "popular" que ha evitado cuidadosamente cualquier debate público acerca
del futuro de la energía en Brasil. Ya no se trata de una cuestión de si Brasil
debe o no construir diques o plantas nucleares o de carbón; Lula ha dejado en
claro que, cual si fuese gestor del interés comercial y político de un grupo de
jefes, asociados por décadas con la corrupción en proyectos de infraestructura
gigantescos, intenta construir diques, cabezas nucleares y plantas de carbón
contaminantes.
El gobierno ha decidido que la construcción del dique debe avanzar, ya que,
tomando el argumento del antiguo presidente de la compañía de estado Electrobrás,
no se puede permitir a los ambientalistas "detener a Brasil". La energía
hidroeléctrica, a gran escala, es considerada todavía "la más barata" para las
necesidades energéticas de Brasil y continuará siéndolo si el gobierno sigue
permitiendo que fluyan los subsidios hacia la construcción de grandes represas.
El Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico de Brasil (BNDES)
recientemente bajó sus tazas de interés y extendió sus plazos de pago para los
diques al interior del Plan de Aceleración del Crecimiento de Lula, o PAC. El
dinero procede del Fondo de Desempleo de los Trabajadores y de los fondos de
pensión pública y es canalizado a empresas privadas interesadas en construir
diques en el Amazonas. Compañías transnacionales como Suez acarician los
términos liberales para empréstitos y expanden sus planes de construcción de
diques en la Amazonía.
Brasil cuenta con diversas alternativas en lo que respecta a los diques,
incluyendo viento, biomasa u opciones solares. Cuenta, también, con el
mejoramiento de la eficiencia energética, la retroalimentación de viejos diques
y el recorte de pérdidas en líneas de transmisión. Pero estos no generarían lo
mismo en contratos para el sector privado, ya sea vía coima o corrupción, que
megaproyectos como Belo Monte, que podría acabar costando más de 10 mil
millones. Recientemente han surgido escándalos que involucran pagos procedentes
de compañías manufactureras de equipo para conseguir tratos lucrativos vía los
diques y muchos de los más altos mandos del antiguo sector eléctrico han sido
consignados con cargos de chantaje por manipulación de ofertas para los trabajos
de infraestructura.
Mientras, la deforestación de la Amazonía continúa aumentando exponencialmente y
el gobierno de Lula hace chanchullos al tiempo que se quema el bosque tropical.
Plantaciones de soya, campos de caña para etanol, más minas, más fundidoras de
aluminio y la planeada red de diques sirven de motor de una mercantilización del
bosque tropical y de la destrucción sistemática de uno de los pocos pulmones que
le quedan al planeta.
La resistencia a las presas aumenta
En este contexto, la reunión del Xingu proporcionó una importante plataforma con
el objeto de formar una base amplia de resistencia contra la destrucción del
Amazonas. Idalino Nunes de Assis, de la Unión Rural de Trabajadores en Puerto de
Moz, dijo en la clausura de la reunión, "El Xingu es nuestra vida, nuestro país,
nuestra casa, nuestro fuente alimenticia, nuestra agua para beber, nuestro modo
de vida. Necesitamos unir fuerzas –los habitantes ribereños, los pueblos
indígenas, los cazadores del bosque, quilombolas (descendientes de los esclavos
Africanos prófugos) y la gente de las ciudades– para que el Xingu no sea
condenado a muerte. Ellos quieren contener nuestro Xingu para privatizarlo."
Dom Edwin Krautler, obispo de Xingu, dijo a la multitud, "Los pueblos indígenas
consideran que sus hijos, nietos y bisnietos son puente entre sus ancestros y
las generaciones futuras. Los blancos a menudo actúan como si ellos fueran la
última generación antes del diluvio. La Amazonía tiene un corazón muy grande y
todos caben en él –los pueblos indígenas, las poblaciones tradicionales y los
inmigrantes más recientes. Estamos en esta lucha juntos."
La declaración final de la reunión de Altamira, llamada "La carta del Xingu vivo
para siempre", expresó una voz unida contra los diques, grandes y pequeños, en
el Xingu y en sus tributarios.
"Nuestra cultura, nuestra espiritualidad y nuestra supervivencia están
enraizadas en el Xingu, y dependemos de él para nuestro sustento ... Quienes
hemos protegido al río Xingu, no aceptamos la invisibilidad con la que desean
imponer sus decisiones sobre nosotros, ni tampoco la manera en que somos
tratados, con el desdén de los servidores públicos ... Exigimos respeto."
Lo que se me queda grabado en la memoria es esta reunión notable que imprime un
sentido de determinación y un compromiso inflexibles en lo que toca a la
protección del Xingu, por parte de los pueblos. Se trata de un sentimiento que
no menguan la violencia ni la reacción virulenta de los medios, orquestada por
el gobierno.
La esperanza está viva en los rabiosos rápidos del Xingu y el espíritu del
bosque tropical se refleja en los ojos de la gente que se gana la vida en sus
aguas prodigiosas.
|